La legislación chilena señala que la Superintendencia de Servicios Sanitarios es la entidad encargada de realizar los estudios que entreguen las bases de cálculo que permitan establecer las tarifas de agua potable y alcantarillado de cada empresa sanitaria. A partir de esas bases la SISS determina una tarifa tentativa.
Posteriormente, las empresas sanitarias, cada una en forma individual, centradas en esas bases de cálculo elaboran su propia propuesta tarifaria. Si no hay diferencias entre ambas propuestas, se determina la tarifa fijada por la Superintendencia. De no existir consenso, existe un plazo de 30 días para acordar un valor entre ambas partes.
Si después de este tiempo, nuevamente no hay acuerdo en el valor que se cobrará, la Superintendencia tiene la obligación de conformar una comisión integrada por 3 expertos en el área, quienes analizarán en menos de 45 días ambas propuestas y decidirán bajo parámetros técnicos por una de ellas.
Esta resolución es obligatoria y regirá el servicio de agua potable y alcantarillado por 5 años.